ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI HISPANO ECUATORIANA
España

Madrid, 26 de julio de 2006

NOTA DE PRENSA Nº 19
 

LA ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI, CONSIDERA QUE DATOS DEL INE, SOBRE INMIGRACIÓN IRREGULAR, SON PREOCUPANTES Y CONFUSOS

El nuevo censo de población del INE publicado el día de hoy, revela una situación hasta cierto punto preocupante y confusa, por la difusión de la cifra correspondiente a los inmigrantes irregulares, la misma que asciende a 1.010.049 personas. El gobierno apunta a que el número de irregulares alcanza los 695.309 porque, entiende, que en las cifras dadas por el INE, supuestamente están incluidos aquellos que están en renovación sus permisos de trabajo, temporeros, estudiantes, asilados…Sería un craso error que se haya incluido estas cifras porque las mismas son de personas que ya cuentan con permisos de estancia. Esto no quita que sea preocupante en el sentido de que exista un importante número de personas con una situación administrativa irregular, que a la larga, refleja una realidad que se hace urgente de atender. Claro está, dejando un lado el debate político en el que se discute que existan 600.000 extranjeros más –como defiende el PP- o sea este mismo número menos, tal como señala el gobierno.

Para analizar el porqué de ese número de irregulares, se pueden situar algunos puntos en base a los datos entregados en este último año, por la misma administración. Primero, se encuentran aquellas personas que no lograron obtener una oferta de trabajo real para justificar su relación laboral en el pasado proceso de normalización o porque no alcanzaron al tiempo de estancia necesario. Si tomamos en cuenta los datos entregados por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, al término del proceso de normalización y en los que mencionaba que “de los más de 3,6 millones de extranjeros empadronados a 1 de enero de 2005, alrededor de 2,1 millones poseían permiso de residencia” y que, “había 1,4 millones de irregulares”, de los cuales, “400.000 son menores o superan los 65 años, por tanto queda [quedarían] un millón en edad de trabajar”. Si los cruzamos con los 690.000 que fueron presentadas, quedaron unos 310.000 que no lograron entrar al proceso. A ellos hay que sumar los 400.000 que no aplicaron a la normalización, por ser menores de edad o superaban los 65 años. Con ello se puede estimar una cifra de 710.000 irregulares. Cabe preguntarse de esta cifra ¿cuántos de estos menores tenían o tienen en trámite sus permisos de residencia? ¿Cuántos de los padres extranjeros de los recién nacidos en España, no habían solicitado en su momento la nacionalidad española o la autorización de residencia y, si el INE, los contabilizó como irregulares?

Luego, tenemos aquellas personas cuyo trámite fue denegado, inadmitido o archivado y que, según el balance del proceso de normalización presentado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, señala una cifra de 115.149 personas, a las que hay que añadir 3.236 que estuvieron o están en trámite. Además, hay que contabilizar a aquellos que han llegado a España, en los últimos meses, luego de la toma de datos, como son por ejemplo, los bolivianos (que no necesitan visado de entrada) y rumanos. Ellos, de ninguna manera pueden entenderse como fruto de un “efecto llamada”, tal como se intenta hacer creer desde la derecha.

Sobre la cuestión inherente a que se hayan “borrado” del padrón unos 500.000 inmigrantes, y que, según el INE, esta situación respondió a que los extranjeros no hayan renovado sus empadronamientos, está claro que este trámite, se aplicó de acuerdo a una modificación de la ley de Extranjería, realizada por el Partido Popular, en noviembre de 2003, y que obligaba a renovar cada dos años el empadronamiento a los inmigrantes no comunitarios que no cuenten con un permiso permanente. Por ningún motivo, a todas estas 500.000 personas se les pueden catalogar como “irregulares”, tal como pretende el Partido Popular, porque esta cifra es el resultado de un asunto meramente burocrático. Lo que si es comprobable, es que esta modificación no tomó en cuenta algunas consideraciones:

.• La falta de información sobre este tema, ya que la misma se centraba en el envío de una carta de verificación de datos, sin considerar la alta movilidad de vivienda que tienen los extranjeros por la dificultades al acceso a sitios de residencia en condiciones; así como también, a los cambios de ciudades y regiones por motivos laborales. Esto motivó, como es obvio, que muchos de ellos no se enteren del asunto por no recibir sus cartas y no hayan acudido a renovar sus empadronamientos.

• El retorno de miles de inmigrantes a sus lugares de origen. No olvidemos que muchos de ellos estaban en una situación irregular desde enero de 2001, fecha del cierre del Régimen General, y que su estancia en España, consideraba aspectos de desarraigo, rupturas familiares y psicológicos por la falta de un empleo y de papeles. También se puede pensar que otros extranjeros se trasladaron a otros países en busca de alternativas laborales.

En lo que respecta al asunto de que algunas personas “se habrán ido y otras no han estado nunca” en España, “porque hay gente que empadrona a familiares que no están, por ejemplo para que vengan a operarse”; nos parece una apreciación bastante exagerada y que puede, incluso, confirmar las tesis del Partido Popular, que hablan de la decadencia de los servicios sanitarios, gracias a la llegada de inmigrantes. Muchos datos han salido a la luz, como el que se describe claramente José Luis Barbería, en el artículo de, la “Sanidad no aguanta” (El País 21-11-2005), donde se habla de que gran parte de los servicios sanitarios lo ocupan “los 43 millones de turistas que visitan anualmente nuestro país y que, naturalmente, se ponen enfermos y tienen accidentes” y, que además, “España cuenta con cientos de miles de residentes extranjeros, muchos de ellos pensionistas que, como los españoles, se benefician de la gratuidad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos”. ¿Cuántos de estos jubilados son no comunitarios? Seguramente la mayoría.

Desde nuestra organización, lo que si tenemos claro, es que sea el número que sea de personas irregulares, las mismas deben ser tomadas en cuenta por este gobierno para buscar una salida beneficiosa para las dos partes. Sabemos que muchos de ellos tienen sus procesos de arraigo laboral y social, en trámite y a la espera de una respuesta positiva. Igualmente, solicitamos que la información sobre las renovaciones del empadronamiento, tengan la cobertura informativa necesaria, para que todos puedan aplicarla.

 

Madrid, 26 de julio del 2006

Raúl Jiménez Zavala
Responsable de Comunicación.
Portavoz de la Asociación Rumiñahui
Hispano-Ecuatoriana

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